Miércoles, 1 abril 2020


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Recio defiende a Rivera como “el piloto y mayor colaborador” de la investigación y descarta su cese



LA TRAMA DE LOS ERE

Avisa de que los hechos investigados “tienen su origen mucho antes” de que Rivera fuese nombrado director general

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo, Manuel Recio, ha defendido que Daniel Alberto Rivera, director general de Trabajo y Seguridad Social, ha “pilotado” la investigación interna promovida por la posible trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos autonómicos, además de ser “el mayor colaborador” de la investigación que, de su lado, dirige al respecto la juez Mercedes Alaya. Por eso, ha proclamado que no comparte “en absoluto” la decisión de la juez de imputar a Rivera en estas diligencias, pues además los hechos investigados “tienen su origen mucho antes” del propio nombramiento de Rivera.

La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.

LA IMPUTACIÓN DE RIVERA Y MÁRQUEZ

El último episodio de la investigación judicial contempla la imputación en la causa del vigente de director general de Trabajo y Seguridad Social y de Juan Márquez, antecesor de Daniel Alberto Rivera al frente de este departamento de la Consejería de Empleo. Francisco Javier Guerrero, quien ocupó este cargo antes que Rivera y Márquez, figura también como imputado y es, de hecho, una persona clave en los hechos investigados.

Manuel Recio, a tal efecto, ha celebrado este sábado una rueda de prensa en la que ha defendido, plenamente, a Daniel Alberto Rivera, pues según ha avisado, “los hechos investigados” y por los que se le imputan “tienen su origen muchos antes de su nombramiento” como director general de Trabajo y Seguridad Social.

Manuel Recio, así, ha detallado algunos aspectos del expediente de regulación de empleo promovido en 2006 por Surcolor S.A., un procedimiento gracias al cual dos personas totalmente ajenas a la empresa gozaron de rentas por prejubilación. Y es que, como ha defendido Recio, la póliza de seguro de rentas relativa a este ERE “fue tramitada cuatro años antes” del nombramiento de Rivera, quien sencillamente firmó en octubre de 2010 una resolución de una ayuda excepcional para el conjunto de prejubilados de este ERE “cuando no había ningún indicio de irregularidad”. “Cuatro meses después de la concesión de la ayuda, se detectó la irregularidad y se dieron los pasos necesarios para recuperar las cantidades indebidamente cobradas por estas dos personas”, ha señalado. Recio ha sido “contundente” a la hora de señalar que Rivera “no tiene la menor responsabilidad” en cuanto a la inclusión en el procedimiento de dos personas ajenas a la empresa en cuestión, por lo que “no es sostenible su imputación”.

CRONOLOGÍA DE LA AYUDA DE ‘ACYCO’

En cuanto a la ayuda de 109.620 euros percibida por la empresa ‘Acyco’, otro de los aspectos esgrimidos por la juez para imputar a Daniel Alberto Rivera al coincidir supuestamente la cuantía con los cobros percibidos por un gabinete externo, el consejero de Empleo ha desgranado el orden cronológico correspondiente a dicha subvención. Según ha pormenorizado, tal subvención “fue aprobada el 24 de marzo de 2010″, mientras Rivera llegó a su cargo el 13 de abril y no fue hasta el 13 de septiembre de 2010 cuando “dentro del calendario de pagos previsto, tramita el pago del 75 por ciento de la ayuda”. “Esta ayuda fue resuelta con anterioridad a su llegada a la Consejería”, ha reiterado Manuel Recio abundando que el propio Rivera impulsó una revisión “de oficio” de dicha subvención.

En cuanto a Juan Márquez, quien ocupaba la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía antes de Rivera y ahora también imputado en estas diligencias, Manuel Recio ha señalado, textualmente, que “yo defiendo a ultranza esta fase porque la conozco a la perfección y del resto de fases, supongo que habrán actuado con la máxima diligencia”.

LA LABOR DE RIVERA

De cualquier modo, Manuel Recio ha anunciado que el director general de Trabajo y Seguridad Social “posiblemente” recurra el auto en cuestión por lo que a su imputación se refiere, descartando que a cuenta de este extremo haya sopesado dimitir o haya propuesto el cese o dimisión de Daniel Alberto Rivera. Y es que, según ha insistido, “si hoy tenemos abierto un proceso de reintegro de todas las cantidades indebidamente cobradas con cargo al erario público en pólizas de seguro de rentas que hemos considerado irregulares, hemos avanzado en la investigación de las irregularidades administrativas y está en fase muy avanzada la investigación judicial, es gracias a la labor desarrollada por Daniel Alberto Rivera”.

Así, ha recordado que fue precisamente Daniel Alberto Rivera quien adoptó “las primeras decisiones” en cuanto a la paralización de los pagos correspondientes al expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por Mercasevilla, actuando el director general de Trabajo y seguridad Social en cuanto surgieron “las primeras irregularidades”. Finalmente, ha señalado de nuevo que Rivera “no solo no merece esta imputación, sino que con ella se siembran dudas sobre una labor ejemplar y eficaz y se le da un trato inmerecido al mayor colaborador de la investigación”, pues Rivera “es quien está pilotando” el procedimiento “para que todo el que haya percibido indebidamente dinero público, lo reintegre”.