Viernes, 25 julio 2014


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Ocho detenidos, entre ellos el exalcalde de Alcaucín, por modificación fraudulenta del catastro



PIEZA SEPARADA DEL CASO ‘ARCOS’

14 de marzo

La Guardia Civil ha detenido este martes a ocho personas, entre ellas al exalcalde de Alcaucín (Málaga) José Manuel Martín Alba, y ha imputado a otras siete en relación con la supuesta modificación fraudulenta del catastro, operación en la que también se han practicado diversos registros y que estaría relacionada con el caso ‘Arcos’, contra la presunta corrupción en dicho municipio malagueño.

Según han informado desde el instituto armado, “hacían creer a los ciudadanos interesados en la adquisición de suelo, principalmente extranjeros, que sobre las parcelas que compraban se podía construir de manera legal, cuando en realidad se trataba de parcelas no urbanizables”. La operación, denominada ‘Tristán’, sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

A los arrestados se les imputan inicialmente, entre otros, varios delitos de cohecho, falsificación de documento público, falsificación de certificado emitido por facultativo, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y estafa, según han manifestado desde la Guardia Civil a través de un comunicado.

Martín Alba, que ya fue detenido al inicio del caso en febrero de 2009, ha sido arrestado en su domicilio en Alcaucín. Además, ha sido detenido el que fuera jefe del Servicio de Arquitectura de dicha institución José Francisco Mora, cuando iba a su trabajo en la Diputación, el cual también fue arrestado como el anterior, según han indicado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Los otros arrestados son un funcionario del Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación de Málaga, dos exfuncionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga, el exsecretario municipal de Alcaucín, un promotor y un abogado o asesor jurídico, que también consta ya imputado en la causa.

REGISTROS E INVESTIGACIONES

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registran desde esta mañana las dependencias de la Gerencia Territorial del Catastro, ubicada en la segunda planta del edificio de Hacienda, que ha sido cerrada al público; del Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación, un archivo catastral ubicado en la calle Cristo de la Epidemia, un bufete de abogados y domicilios de detenidos.

La investigación ha permitido desarticular una supuesta trama “compuesta por funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga y del Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación de Málaga, los que, coordinados por un abogado, modificaban las bases de datos del Catastro, con la finalidad de introducir en las mismas información falsa o cuando menos engañosa”, según han explicado.

De esta manera, daban “cobertura legal a la construcción de edificaciones sobre suelo no urbanizable”. Además, según han informado desde la Guardia Civil en el comunicado, a cambio de estas presuntas irregularidades de las bases de datos catastrales “varios de los funcionarios habrían recibido comisiones ilegales”.

La operación está siendo llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) con el apoyo de la Comandancia de Málaga, todo ello bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, que instruye el caso ‘Arcos’ y que ha autorizado tanto los registros como las detenciones. También se ha contado con la colaboración de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

CASO ‘ARCOS’

La operación policial del caso ‘Arcos’ se llevó a cabo el 27 de febrero de 2009 y se saldó inicialmente con 13 detenidos, entre ellos el exalcalde de Alcaucín y el arquitecto de Diputación, quienes estuvieron en prisión varios meses y salieron en libertad tras pagar una fianza de 120.000 euros. Además, han ido a declarar varias veces por esta causa, que suma ya más de 50 imputados.

Las primeras investigaciones apuntaban a la existencia de un supuesto “entramado de personas y sociedades” para “lucrarse de forma ilícita mediante negocios urbanísticos”. Tras el análisis de la documentación intervenida, se han investigado varias tramas relacionadas con promociones o constructores concretos, aunque la instrucción se ha extendido a gran parte de proyectos urbanísticos en dicho municipio.

El exregidor de Alcaucín defendió que tenía ingresos “como alcalde, artista y albañil”, pero no como mediador en compraventas, aunque los investigadores hallaron ingresos en efectivo cuya procedencia estaba “sin justificar” y podrían ser “de comisiones presuntamente ilegales”. Además, existían indicios de que concedía licencias “sin ningún rigor” y “a demanda”.

En este punto, el sumario del caso apunta que Martín Alba era “perfecto conocedor de la normativa aplicable en su totalidad y que intenta mover los hilos en Diputación” a través del que fuera jefe del Servicio de Arquitectura “para poder incluir como urbanas zonas que no lo son, pero que están ocupadas por construcciones ilegales para las que él ha otorgado licencias”.

Asimismo, en el sumario del caso consta que se ha investigado la supuesta justificación por parte del exregidor de la construcción en suelo no urbanizable de viviendas, cuyos titulares eran extranjeros, como si fuera conservación o rehabilitación de ruinas preexistentes, para lo que utilizaba informes de un técnico municipal en Alcaucín y en otro Ayuntamiento de la provincia.