Sábado, 15 agosto 2020


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Conil de la Frontera se declara “Municipio contra los desahucios”



9 de agosto

El municipio de Conil de la Frontera (Cádiz) se ha declarado mediante acuerdo plenario “Municipio contra los desahucios”. Tal acuerdo tomado por parte de la corporación municipal (IU) implica una serie de medidas a nivel local para poder frenar cualquier tipo de desahucio por parte de entidades bancarias a familias que, por situaciones económicas y castigadas por la crisis, no puedan hacer frente al pago de su hipoteca.

Desde el propio Consistorio, según ha informado éste en un comunicado, se pondrá en marcha a partir del mes de septiembre una oficina de asesoramiento para familias que se encuentren en dicha situación.

El alcalde de la localidad, Juan Bermúdez (IU), ha indicado que desde el Ayuntamiento quieren manifestar su “rechazo” a que cualquier familia de Conil, debido a la crisis económica, pueda ser desahuciada. Por eso, asegura que el equipo de gobierno “estará en primera línea defendiendo el derecho a la vivienda de los ciudadanos afectados”.

Ante la iniciativa lanzada desde el Ayuntamiento el concejal de Servicios Sociales, Ernesto Alba, ha manifestado que “en cualquier situación de amenaza por parte de una entidad bancaria a familias castigadas por una crisis que no han provocado se encontrarán con la oposición y resistencia del propio equipo de gobierno”. En este sentido, apunta que la “obligación” del equipo de gobierno “no es otra que proteger los derechos humanos en nuestra localidad, y los casos de desahucio, son una violación flagrante de los mismos”.

Según ha indicado Ernesto Alba, la iniciativa comienza este lunes 13 de agosto a través de un acto público de información en el que se contará con Rafael Mayoral, actual asesor jurídico de la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid.

Rafael Mayoral es abogado y desde 2008 viene defendiendo a afectados por la hipoteca desde la cooperativa Kinema y la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee). Han interpuesto diversas demandas a entidades financieras por estafas relacionadas con hipotecas ‘basura’.