Miércoles, 22 mayo 2019


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España, siglo XXI: Cuando los presos no quieren la libertad porque no encuentran cómo ganarse la vida



31 de agosto

Está ocurriendo en Alicante, donde varios reclusos de la prisión de Fontcalent se niegan a acogerse al tercer grado y abandonar su encierro durante el día ante la falta de trabajo y recursos para subsistir, según informa el periódico local Información. El sindicato penitenciario Acaip ha alertado de esta situación se está generalizando en las cárceles españolas…

Con una tasa de paro en España del 24,5% y en la provincia alicantina del 26,08% al finalizar el segundo trimestre de este año y dado que las condiciones de vida en la prisión pueden considerarse razonablemente buenas, el incentivo para recuperar la libertad para aquellos que no tienen nada es casi nulo.

La situación de desesperación es tal que los reclusos llegan a pedir a sus abogados que no pidan fianza para ellos, ya que en la calle no tienen nada, según cuenta el diario local La Información. Es más, algunos reos renuncian a ello ya que si cumplen seis meses entre rejas y en el caso de que tengan cargas familiares, tienen derecho a un subsidio de paro cuando sean puestos en libertad.

El resultado es que las cárceles de la provincia de Alicante superan en un 150% su capacidad de alojar a presos, según el informe de la central sindical. En la cárcel alicantina en concreto hay hasta 166 reclusos en situación de tercer grado, aunque Acaip no precisa cuántos de ellos se niegan a salir. El problema se está dando también en otras cárceles del país, que ya habían visto dispararse la población reclusa en las dos últimas décadas. La presión se acrecienta sobre Instituciones Penitenciarias, que puede convertirse en otra institución pública dedicada a paliar la falta de oportunidades laborales con dinero público.

Sin embargo, pese a la resistencia de muchos presos a volver a ser dueños de su destino, las cárceles españolas han perdido internos en los últimos cuatro años. Corría el año 2009 cuando se alcanzó el récord histórico de ocupación en las prisiones, con 76.079 personas, una cifra que se desplomaba hasta 67.404 a finales de 2013. El descenso de 8.675 presos supone una caída de la población reclusa de un 11,4% y, sobre todo, consolida un cambio sustancial de tendencia.

La explicación principal hay que buscarla en una reforma penal aprobada en 2010 que rebajó las condenas máximas para los delitos menores relacionados con el tráfico de drogas. Dicha revisión contemplaba una rebaja de 9 a 6 años para las máximas condenas por los delitos denominados “contra la salud pública”, principal causa de ingreso en prisión en España.

También está menguando la población carcelaria debido a la política de acuerdos con otros países para la extradición de los condenados extranjeros, que cada vez se marchan en mayor número a cumplir la pena impuesta a sus países de origen. La bajada del porcentaje de reclusos extranjeros es mayor que la general. En cuatro años ha caído un 21% su presencia en las cárceles

Pese a esa tendencia a la baja de la población de las cárceles, España continúa instalada a la cabeza del ranking de países europeos con una mayor presión demográfica carcelaria: 147 personas presas por cada 100.000 habitantes. Según la estadística del Centro Internacional de Estudios sobre Prisiones, solo Reino Unido supera a España en población reclusa.

Pero como no mejore la tendencia del paro, parece que pronto vamos a liderar el ranking, aunque también es verdad que el Gobierno puede contrarrestar la presión acelerando aun más su política de indultos a diestro y siniestro.